MÉXICO. En un movimiento que ha encendido las alarmas de analistas económicos y de la ciudadanía en general, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, remitiéndolo al Senado para su eventual ratificación. La medida, argumentada bajo el discurso de la “modernización” y la “lucha contra la informalidad”, busca erradicar gradualmente el uso de dinero en efectivo en el país, proyectando una reducción del 50% para el año 2027.
Sin embargo, detrás del discurso oficialista se esconde una estrategia de fiscalización absoluta que amenaza con asfixiar la economía popular y vulnerar la privacidad de millones de mexicanos.
El fantasma del modelo venezolano y el control total
La iniciativa evoca de manera inevitable la crisis vivida en Venezuela, donde la escasez de efectivo y la imposición de sistemas de pago electrónico gubernamentales (Pago Móvil) convirtieron la subsistencia diaria en un calvario dependiente de la tecnología. En dicho país, la bancarización forzada no se tradujo en prosperidad, sino en un mecanismo de control social, vulnerabilidad ante fallas eléctricas constantes y un monopolio transaccional donde el Estado vigila cada centavo de la población.
Al imponer la obligatoriedad del cobro digital en sectores estratégicos, México corre el riesgo de calcar un esquema de hipervigilancia fiscal donde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rastrearán en tiempo real cada compra, transferencia o pago cotidiano, eliminado el derecho del ciudadano al manejo libre y privado de su dinero.
Un golpe demoledor a la economía popular
La ley ignora la realidad estructural del país. Cerca de la mitad de la población mexicana depende del comercio informal, pequeños tianguis, mercados locales o servicios de transporte donde el efectivo es el único motor operativo.
Entre los principales riesgos y afectaciones directas de esta ley destacan:
- Asfixia al Pequeño Comercio: Los microempresarios y comerciantes informales tendrán que absorber el costo de comisiones bancarias, contratación de terminales e internet, mermando sus de por sí ajustados ingresos.
- Exclusión Financiera y Brecha Digital: En zonas rurales o colonias marginadas donde la conectividad es deficiente o nula, la medida dejará en la total indefensión a familias enteras que no cuentan con teléfonos inteligentes, datos móviles o cuentas bancarias.
- Parálisis por Fallas del Sistema: La dependencia total de plataformas electrónicas (como el sistema SPEI) deja al comercio a merced de apagones, caídas de red o fallas bancarias que paralizan la venta de alimentos y artículos de primera necesidad.
- Inseguridad y Ciberdelincuencia: Sin una infraestructura de protección adecuada, los sectores más vulnerables —como los adultos mayores— quedarán expuestos a estafas digitales, clonación de datos y fraudes bancarios sin garantías de respuesta rápida.
El dictamen se encuentra ahora en manos del Senado de la República, donde se librará la batalla decisiva sobre una medida que, lejos de impulsar el desarrollo, amenaza con convertir el flujo monetario de los mexicanos en un sistema de fiscalización y control absoluto.
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